Mexico and the World
Vol. 10, No 4 (Fall 2005)
http://profmex.org/mexicoandtheworld/volume10/4fall05/La Cruz Azul.html
La Cruz Azul, historia de una cooperativa
por Rafael Rodríguez Castañeda
¿Cuál fue el primer movimiento obrero mexicano del decenio de los treintas en respuesta a las maniobras de una empresa extranjera que culminó con un decreto de expropiación gubernamental en favor de los trabajadores?
La pregunta puede parecer capciosa, pero la respuesta es plenamente veraz:
Se trató del movimiento de los trabajadores de la entonces Compañía Manufacturera de Cemento Portland “La Cruz Azul”, S.A., ocurrido en el año de 1931 en Jasso, Estado de Hidalgo.
Veamos cómo se fundó la fábrica; cuál fue el proceso económico y político que transformó una sociedad mercantil de extranjeros en una sociedad cooperativa mexicana y en qué circunstancias del México revolucionario la empresa pasó a manos de los trabajadores.
La Cruz Azul fue construida en 1881, cuando el inglés Henry Gibbon alquiló una parte de la antigua Hacienda de Jasso, próxima a la antigua Estación de Dublán, para instalar una fábrica de cal hidráulica.
Sabemos que el elemental producto de esa Cruz Azul fue poco eficaz para aumentar la tenacidad de las construcciones de mampostería, sin embargo, éste es el antecedente de la fábrica de cemento más antigua del país.
Dos años después, cuando Gibbon sufría las primeras angustias económicas para seguir adelante con su empresa, se asoció con Joseph (o George) Watson, otro industrial inglés, quien sumó sus recursos a la inversión que había hecho su compatriota, de tal manera que a partir de un capital que ascendía a $ 94,327.72, operaron durante los siguientes 23 años.
Es probable que una buena parte de la inversión complementaria que Watson hizo en 1883 haya servido para emprender la industria del cemento portland. Lo cierto es que esta transformación cualitativa de la instalación original se llevó a efecto en medio de estrecheces económicas, y que a pesar de la explotación eficiente de los ricos yacimientos de minerales calizos de esta región hidalguense, la industria prácticamente no se desarrolló debido a la falta de capital.
Otro dato cierto es que Gibbon y Watson, los innegables pioneros de la fabricación industrial de cemento en México, no fueron tan buenos administradores como empeñosos productores, y que en 1906 su sociedad quebró. La negociación pasó entonces a manos de Fernando Pimentel y Fagoaga, un hombre de empresa dispuesto a invertir en esta industria.
El nuevo dueño obtuvo varios créditos del Antiguo Banco Central, que ascendieron a $ 90,855.75, cifra equivalente al 96.3 por ciento de la inversión de los socios ingleses. Más tarde obtuvo otro financiamiento de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, institución mexicana semi oficial que posteriormente se fusionó con el Banco Nacional de México, cuyo capital era casi en su totalidad de procedencia francesa. Este préstamo ascendió A $135,000.00
Nace La Cruz Azul
El endeudamiento fue tal que la fábrica llegó a depender económicamente del banco acreedor, y el 15 de abril de 1909, la Compañía Bancaria y el empresario constituyeron la sociedad anónima denominada Compañía Manufacturera de Cemento Portland “La Cruz Azul” S.A., con un capital social de un millón doscientos mil pesos mexicanos. El acuerdo de la Compañía Bancaria con el señor Pimentel es un decir: las acciones mayoritarias quedaron en poder de la propia Compañía. Solamente 60 se repartieron entre Pimentel y otras 5 personas que se consideraron accionistas fundadores de la fábrica.
Es probable que la noticia de los altos rendimientos que se podían obtener de la explotación de las canteras de caliza, pizarra y yeso de esta región hidalguense haya influido en el consorcio inglés que en 1910 instaló al lado de la estación de ferrocarril Tolteca, y a sólo 6 km de La Cruz Azul, una segunda fábrica de cemento.
Los recursos económicos de este consorcio fueron superiores y, por supuesto, la maquinaria que instaló fue más moderna. Sin embargo, la Tolteca significó una competencia con la cual fue posible coexistir prácticamente dos decenios.
Sabemos que durante los años más intensos de la lucha armada la fábrica entró en receso. Desconocemos si se trató de una medida obligada por las circunstancias o de una decisión tomada en previsión de la mayor conveniencia. En cualquier caso, el 16 de mayo de 1916 ocurrió la fusión de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces con el Banco Nacional de México; hecho que en la práctica repercutió dos años más tarde, cuando se reanudó la operación de la fábrica: un primer cambio fue el ingreso de los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera, y Gilberto Montiel y Estrada a la gerencia y a la dirección técnica de la planta, respectivamente; el segundo fue una ampliación de la fábrica, efectuada durante 1919. Se reubicó la maquinaria; se adquirió un segundo horno, así como otros molinos y dos locomotoras para el transporte de las materias primas; se ampliaron los talleres y reubicaron las bodegas.
Un hecho menos espectacular que estos cambios y transformaciones físicas, pero de mayor trascendencia para la historia que habría de escribirse doce años después fue la agrupación, en el curso de esos años, de la mayoría de los trabajadores que a la postre se convertirían en los fundadores de la Cooperativa: campesinos, peones y artesanos de los pueblos circunvecinos y las rancherías del Mezquital, quienes sustituyeron los aperos y la inestable economía agrícola por el salario de la nueva industria, más algunos mineros que migraron de los estados del centro del país. Todos acrisolaron su condición de obreros alrededor de los tres hornos que llegó a tener La Cruz Azul.
Las condiciones laborales eran deplorables. En general, todos los trabajadores constituían una fuerza de trabajo de contratación eventual, de acuerdo con las necesidades y el albedrío de la empresa. La oportunidad de trabajar, para muchos, era una especie de gracia que les concedían o retiraban por temporadas. Esa situación duró sin cambios notables hasta el 10 de mayo de 1925, cuando un grupo de trabajadores fundó el primer sindicato, que se denominó Sindicato de Obreros Progresistas “Cruz Azul”, y que reunió básicamente a la mayoría de los operarios de los departamentos de elaboración.
El 9 de agosto de ese mismo año se fundó un segundo sindicato que se denominó Unión Mexicana de Mecánicos, Sección 32 de la crom. Agrupó a la mayor parte de los trabajadores del taller mecánico. Finalmente, en 1926, el Sindicato Mexicano de Electricistas propició la creación de un tercer sindicato para organizar a los trabajadores del taller eléctrico de La Cruz Azul, que se denominó Sindicato Mexicano de Electricistas y Similares, División Tepeji del Río.
La formación y reconocimiento de las organizaciones sindicales se consiguió mediante un forcejeo entre empresarios y trabajadores que fue poco visible, pero muy significativo en la preparación de los segundos, para la batalla que librarían más tarde.
Con estos antecedentes de organización, el 1° de septiembre de 1926 se firmó el primer contrato colectivo de trabajo —llamado entonces convenio. Por una parte firmaron los representantes de la Unión Mexicana de Mecánicos, Sección 32, y el Sindicato de Obreros Progresistas “Cruz Azul”; por la otra, la Compañía Manufacturera de Cemento Portland “La Cruz Azul”, S.A.
1926 fue también el año en que el consorcio propietario de La Tolteca desató una agresiva campaña para liquidar a su competidora establecida en Jasso. La guerra se abrió en los frentes de la publicidad —que entonces se llamaba propaganda—; de los precios y de la negociación financiera. La que iniciaron en este último frente fue tal vez la más artera: hicieron circular versiones que aseveraban que la producción de cemento era incosteable, con el sutil propósito de generar inseguridad entre los banqueros poseedores de las acciones de la otra empresa, a sabiendas de que primero pensarían en la suerte que correría su capital invertido que en analizar la veracidad del rumor. Dicho y hecho: una vez que se aseguraron que la versión había llegado a los oídos de los dirigentes del Banco Nacional de México, formularon una oferta de compra de La Cruz Azul.
La estrategia era clara: monopolizar la producción de cemento. No obstante, para llevarla a efecto se requerían cuatro pacientes años. Lo que los estrategas del monopolio no pudieron prever fue que durante ese período, otro orden de acontecimientos estremecería la economía mexicana.
En efecto, a partir del año de 1929 nuestro país resintió con particular virulencia los efectos de la crisis mundial de la economía capitalista. Muchas industrias resultaron afectadas, y entre ellas, las más incipientes, como la cementera.
El consumo anual de cemento en el país se estimaba entonces en 120 mil toneladas; cifra equivalente a lo que en nuestros días produce en tres semanas y media solamente la planta de Cruz Azul, Hidalgo. Se podían contar con los dedos las obras públicas en que se utilizaba cemento, y la disminución de la demanda agravó aún más la situación que provocó la competencia.
Cambio de dueños
Cruz Azul tuvo que reducir su producción al 33 por ciento de la capacidad instalada. En México había a la sazón tres fábricas de cemento: La Cruz Azul y La Tolteca en el centro de la república y Cementos Hidalgo en el norte. Las circunstancias parecían propicias para que se redujeran a dos.
La operación de compraventa de La Cruz Azul se efectuó el primero de marzo de 1931 por la cantidad de un millón de pesos mexicanos.
El propósito de los compradores fue evidente para todos. Parece que los únicos que no se dieron cuenta fueron los vendedores, pero los términos en que se formuló la operación lo revelaban: La Tolteca se empeñó en recibir la fábrica “La Cruz Azul” saneada de compromisos y parada. Como fecha de entrega se fijó el 15 de octubre de 1931.
Entre quienes constataron las amargas evidencias estuvieron los accionistas de La Cruz Azul; muchos de ellos radicados en Francia. Cada vez que compulsaban sus réditos de pesos convertidos en francos, las cifras eran más pequeñas: sucedía que los nuevos accionistas mayoritarios tenían la sartén por el mango y se empeñaban en abollarla lo peor que se pudiera, para comprobar que esa fábrica era incosteable.
Desde principios de año, cuando se enteraron de que la fábrica iba a cambiar de manos y no se les notificaba ni media palabra, los trabajadores se pusieron en guardia: el 29 de enero de 1931 se presentaron ante el todavía gerente, Ing. Montiel y Estrada, para demandar información clara sobre la forma en que quedarían garantizados sus derechos cuando el nuevo dueño estuviera al frente. La verdad era que ni el gerente sabía qué iba a pasar.
Los representantes sindicales recurrieron entonces a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo para solicitar que un inspector fuera a Jasso y levantara actas de lo que estaba pasando. Por otra parte, el 10 de febrero siguiente informaron al Gobernador del Estado, a la sazón el Ing. Bartolomé Vargas Lugo, sobre la situación, subrayando la renuencia del gerente a dar respuesta a las comunicaciones escritas del 29 de enero y del 6 de febrero.
El martes 3 de marzo, una vez que se había formalizado la adquisición de la fábrica el día anterior, fue presentado el nuevo personal administrativo: G. Hebert E. Vivian reemplazó al Ing. Montiel y Estrada; R.O. Henkel llegó a ocupar el lugar del Ing. Carlos F. Marroquín.
Nadie sabía los designios que llevaban estos personajes, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para saberlo: de un golpe el precio del cemento aumentó el 25 por ciento. Frente a su total inconformidad, pero también frente a su impotencia, los trabajadores observaban cómo se ejecutaba el desmantelamiento de la fábrica por órdenes de los recién llegados. El mejor equipo, las más valiosas piezas de reserva en el almacén eran trasladadas a La Tolteca.
El señor Henkel se permitía conversar con los trabajadores: sus amables palabras los aconsejaban para que se retiraran de la fábrica cuanto antes. Mas este consejo de capitán de una embarcación que se hunde, extrañamente se convertía en una exigencia tajante cuando frente a sí tenía a los dirigentes sindicales. Su táctica le dio resultado: muchos se fueron en el curso de los siguientes meses. Cuando fue evidente para el señor Henkel que los representantes sindicales daban consejos contrarios a los suyos, trató de desmoralizarlos mediante una propuesta directa de reducción de personal: operarios de máquinas paradas, carpinteros, albañiles sin quehacer.
La Cruz Azul retrasaba, cuando no incumplía la entrega de pedidos. El clima resultante parecía ideal para justificar el paro por incosteabilidad, acordado para el 15 de octubre.
En la asamblea que los nuevos accionistas efectuaron el 17 de agosto de 1931, acordaron resueltamente cerrar la fábrica para operar sólo con La Tolteca. He aquí la sección del acta de esa asamblea que consigna los acuerdos que fueron aprobados por unanimidad de votos:
1º Es de disolverse la Compañía Manufacturera de Cemento Portland (“La Cruz Azul”) S.A. 2º Póngase a la citada compañía en liquidación, a partir del 1º de septiembre entrante y hasta el 31 de diciembre... Nombrando como único liquidador al Sr. Geral[d] Hebert Everar[d] Vivian, quien aceptó el cargo y protestó desempeñarlo fielmente, con todas las facultades que al liquidador le confieren los estatutos de la Compañía, entre ellos, el de delegar poder a tercera persona, quien desde ese momento lo hace, delegando poder especial en la persona del Sr. Teodoro Brandenburg para que lo ejecute con todas las facultades que al liquidador le confieren los estatutos de la Compañía.
Aparentemente, el acuerdo es demasiado rebuscado. Cualquiera pensaría sensatamente que bien podían haber nombrado como liquidador a Teodoro Brandenburg y dejarse de cuentos. Mas precisamente se trataba de tener a la mano dobles personajes, para las argucias a que hubiere lugar.
Teodoro Brandenburg envió un oficio a los sindicatos, para notificar el paro resuelto para el día 15 de octubre. Su notificación estuvo fechada el viernes 2 de octubre. Los sindicatos desconocían los acuerdos de los accionistas y, por ende, la personalidad y la representatividad de Brandenburg en el asunto y así se lo hicieron saber. Brandenburg remitió entonces una copia certificada del acta arriba citada, lo que vino a constituir un testimonio rotundo de los propósitos empresariales, cuyo ocultamiento fue ya inaplazable.
El consorcio resolvió indemnizar a los empleados de confianza, pero su prepotencia le dio el mal consejo de reconocer a los trabajadores una indemnización equivalente a un mes de salario. Cuando le hicieron ver que existían un contrato colectivo de trabajo y una conciencia sindical vigente que le iban a impedir tal arbitrariedad, cometió un error con mayor ignorancia que prepotencia: imaginó que podría comprar la Ley.
Desde el momento en que los trabajadores tuvieron en sus manos la evidencia de las intenciones de la empresa en aquella copia certificada de los acuerdos de su última asamblea, se presentaron ante las autoridades del trabajo de Tula e informaron al Gobierno del Estado. Ante el primer apercibimiento para el juicio laboral, la Compañía contrató a dos abogados de la ciudad de Pachuca para que la representaran: César Becerra y Carlos Sánchez Mejorada.
El 12 de octubre ocurrió la última maniobra efectista para desarticular la resistencia obrera: avisaron a todos los trabajadores que pasaran uno por uno a las oficinas, para recibir la liquidación irrisoria que habían determinado. Para empezar, comenzaron a liquidar al personal de confianza que no estaba sindicalizado.
Esta oferta constituyó una prueba de conciencia política para todos los obreros que quedaban, que a esas alturas eran un poco más de doscientos. Tenemos bien grabado en la conciencia que 192 hombres la rechazaron porque estaban dispuestos a luchar por algo más que sus derechos; algo más aún que por el medio de subsistencia de ellos y de sus familiares: por su dignidad.
Estos 192 obreros sabían que de triunfar la maniobra empresarial, simple y llanamente se quedarían sin trabajo, que sus familias iban a padecer y que prácticamente desaparecería no sólo el pueblo, sino todos los asentamientos circunvecinos que en forma directa o indirecta dependían de la actividad económica de La Cruz Azul. La extinción de esa fuente de trabajo significaría no solamente el aumento del desempleo, sino el principio de una serie de problemas sociales para toda la región.
Los empresarios pararon la fábrica el jueves 15 de octubre, pero los trabajadores tomaron las instalaciones en una diligente jornada que contó con la asesoría de un hombre clave: Arcadio Cornejo.
Se trataba del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tula y senador de la República. Desde la primera vez que los representantes sindicales le fueron a plantear el caso, Arcadio Cornejo asumió una conducta que los trabajadores recuerdan con emoción, porque sus convicciones políticas las expresó con manifestaciones de solidaridad que fueron más allá del desempeño de su cargo con apego a la Ley; hubo actos en que hizo valer su integridad moral.
Interviene el Gobierno de Hidalgo
El sábado 17 de octubre se llevó a efecto la primera audiencia del juicio laboral, ante la H. Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje de Tula, en atención a la demanda que los obreros presentaron en contra de la Compañía. Arcadio Cornejo trató de evitar el paro, apoyándose en los recursos de la Ley del Trabajo. No hubo avenimiento por la vía de la conciliación, Arcadio Cornejo turnó entonces el expediente a la H Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo.
El paro empresarial fue declarado improcedente. La empresa debió reanudar la operación de la fábrica en un término que se vencía el 1° de noviembre, pero se desentendió del fallo laboral.
Con el apoyo de Arcadio Cornejo, los trabajadores solicitaron entonces la intervención del Gobernador del Estado. La verdad fue que la vehemente argumentación de Arcadio Cornejo en la reunión que se llevó a efecto en el despacho del Gobernador Vargas Lugo eclipsó todo lo que la comisión sindical pudo haber solicitado. El ingeniero Vargas Lugo profesaba ideas sociales avanzadas y desde luego consideraba injusta la argumentación de incosteabilidad que pretendía justificar el cierre de la fábrica, pero deseaba disponer de un margen mayor de tiempo para decidir. Solamente el peso de las razones en juego lo indujeron a tomar una resolución revolucionaria: decretó la incautación de la negociación como medida de aseguramiento de los intereses de los trabajadores.
En estas condiciones y bajo la responsabilidad de las autoridades del trabajo, la fábrica de cemento La Cruz Azul fue puesta en manos de los obreros el 2 de noviembre de 1931.
Desde entonces, ininterrumpidamente, los obreros de La Cruz Azul han sido los responsables de la fábrica. Esta victoria de los trabajadores y del gobierno revolucionario fue el cimiento de la Cooperativa que los 192 hombres constituyeron dos años y tres meses después.
El mismo 2 de noviembre de 1931 comenzó la lucha tenaz y heroica de todo un pueblo por conquistar verdaderamente lo que comenzaban a tener en las manos: redoblaron la vigilancia.
A pesar del desmantelamiento de la maquinaria, la falta de piezas de repuesto y las carencias de toda índole, desde el día siguiente los obreros comenzaron su empeño por reanudar el funcionamiento de una de las tres unidades de calcinación de la fábrica. Por principio, no dejaron de hacer todas las tareas realizables, como el acarreo de materia prima.
Por su parte, a través de sus abogados, la Compañía trató de interponer un amparo administrativo que tramitaron en el Juzgado de Distrito de Pachuca, pero el recurso fue extemporáneo porque el acto de incautación se había consumado la víspera mediante el levantamiento de un acta que fue presentada a la H. Junta Central de Conciliación y Arbitraje.
La Compañía no podía admitir un revés de esa magnitud. El riesgo de que esos obstinados pusieran en marcha la planta era real. El día 6, viernes de esa misma semana, ordenaron la suspensión de la energía eléctrica no sólo para la fábrica, sino para todo Jasso y para todas las poblaciones circunvecinas. La Compañía de Luz, entonces extranjera, cumplió puntualmente la solicitud y la región se quedó sin corriente y a oscuras.
Esa misma fecha, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó un acuerdo para designar a Arcadio Hernández, Modesto Barrón, Agustín Cruz, Jesús López e Ignacio García, trabajadores que habían venido desempeñando la representación sindical, como integrantes de un Consejo Directivo de la fábrica, obligado y facultado a la vez para organizarla y ponerla en funcionamiento. Los consejeros suplentes que designó el mismo acuerdo fueron Julián Hernández, Álvaro Barrón y Julián Velázquez, y como interventor, con el carácter de director general de la negociación, fue designado Francisco B. Martínez.
Sin dinero, sin energía eléctrica, sin combustible. Resultaba imperativo contar con petróleo para mover las máquinas, de modo que los trabajadores resolvieron vender un poco de cemento que existía en la bodega y que pertenecía a la Secretaría de Hacienda. Había sido el objeto de un embargo reciente a la compañía por el adeudo de unos impuestos que no pagó. Más tardaron los trabajadores en llevarlo a México de lo que tardó en propalarse la versión que los acusaba de comerciar con cemento robado, pero el Gobierno Federal entendió cuáles eran las fuerzas en juego. Con el producto de la venta, los obreros tuvieron lo indispensable para comprar el primer tanque de petróleo.
Pero tener dinero era una cosa y poder comprar, otra muy diferente: hubo que solicitar la intervención del Gobierno del Estado para que fuera el comprador nominal del petróleo y el suscriptor del nuevo contrato de suministro de energía eléctrica porque ambos productos provenían de empresas extranjeras solidarias del boicot que promovía La Tolteca.
La lucha por la fábrica también fue una lucha contra el hambre porque los trabajadores no obtuvieron ingresos durante tres meses. No obstante, cada quien asistió a cumplir la responsabilidad del puesto que desempeñaba desde que la fábrica era empresa privada. Y trabajaron no solamente las ocho horas, sino el tiempo que resultaba necesario.
Cuando llegaba el fin de semana, costaba un esfuerzo desacostumbrado irse con los bolsillos vacíos. Madres y esposas agotaron las reservas de granos y de animales de corral.
Quienes procedían del medio rural y alternaban su oficio industrial con la agricultura dispusieron de mayores alimentos para la resistencia; quienes vivían en la ranchería, rendían jornadas extra al lado de los campesinos para granjearse la paga en especie, que por lo general era un racimo de mazorcas.
Los comerciantes del lugar apoyaron el movimiento. Vamos a correr la misma suerte. Si ustedes triunfan, pues nos pagan, y si pierden ni modo. Mediante la presentación de vales, Eduardo Guerrero, Refugio Muciño, Justino Paredes y Adalberto Sánchez Pacheco entregaron todos los víveres que tenían hasta que se agotaron y ellos mismos entraron en crisis de liquidez.
Entonces brilló efectivamente la solidaridad de los trabajadores sindicalizados de la región y del estado: cuando los cooperativistas de La Cruz Azul solicitaron ayuda, su respuesta fue fraterna: el Sindicato de Obreros de Tepeji del Río, de los textiles de La Josefina, el Sindicato de Maestros de Tula, los empleados del Gobierno del Estado de Hidalgo, el Sindicato de Ferrocarriles y el Sindicato de Trabajadores de la misma Tolteca, de acuerdo con su capacidad, prestaron diversas cantidades que permitieron, por lo menos, mitigar las carencias más apremiantes.
La unidad que surgió desde entonces entre todos los sindicatos de la región sigue vigente. Ese gesto resulta inolvidable para los trabajadores emancipados, que son los cooperativistas de La Cruz Azul, y en aquella región hidalguense es algo que conmemoraron de manera particular los días Primero de Mayo.
El laborioso acopio de combustible, piezas y elementos indispensables para reanudar la operación de la fábrica se cumplió en tres meses y medio. Los hornos se volvieron a encender el lunes 15 de febrero de 1932, dirigidos, administrados y operados por los trabajadores.
En cuanto se reanudó la producción, aquel cemento embargado que habían vendido para comprar petróleo se repuso íntegramente. Los representantes de la Secretaría de Hacienda fueron a recogerlo y allí encontraron sus cien toneladas.
Mas llegar a este desenlace sin hablar de la batalla legal que los trabajadores y las autoridades gubernamentales libraron en favor de la causa, significaría omitir la mitad de la historia:
Los representantes del consorcio La Tolteca, por supuesto, no cruzaron los brazos. Previendo su derrota inminente ofrecieron pagar los derechos de antigüedad de los trabajadores, puesto que no tendrían que reconocerlos más allá del primero de septiembre de 1926, que fue la fecha en que se formalizó el único contrato colectivo de trabajo existente. Lo que definitivamente no estaban dispuestos a pagar eran los tres meses que marca la Ley. Por otra parte, seguían solicitando amparos, lo mismo en el Juzgado de Distrito de Pachuca que en el Distrito Federal.
Los Juzgados que solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables recibieron sendas respuestas los días 20 de noviembre de 1931 y 23 de enero de 1932.
El 16 de diciembre de 1931, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó un laudo que declaró violado el Contrato Colectivo de Trabajo y condenó a la empresa a reanudar las labores indebidamente suspendidas. Debía, además, pagar a los obreros los salarios caídos desde el 15 de octubre anterior.
La Tolteca estuvo en desacuerdo y sus abogados continuaron el litigio. En este forcejeo se valieron de recursos lícitos e ilícitos.
Los lícitos eran rebatibles. La razón en que fundaban el cierre de La Cruz Azul era la incosteabilidad del negocio y la suficiencia de una sola planta para abastecer el mercado. Sobraban argumentos para replicar, pero conforme pasaba el tiempo hubo una respuesta de orden práctico que cobraba fuerza: la empresa estaba en liquidación; que se la vendieran a los trabajadores.
Entre los recursos ilícitos de que echó mano el consorcio durante los meses del litigio sobresale un intento de soborno: un emisario de La Tolteca fue a visitar a Arcadio Cornejo a su despacho del Hotel “El Buen Tono”, donde el hidalguense preparaba los asuntos relacionados con su candidatura a la diputación para la xxxv Legislatura del Congreso de la Unión, que se habría de renovar el primero de septiembre de 1932. Le iba a regalar un cheque en blanco, a cambio de que abandonara a los trabajadores de La Cruz Azul. Para la buena fortuna del emisario de La Tolteca, la indignación de Arcadio Cornejo se cuando puso la mano sobre la cacha de la pistola.
Ley de Expropiación
Quién sabe si en algún momento los accionistas del consorcio se hayan dado cuenta de que tenían la batalla perdida y que la única forma que tenían para alcanzar el objetivo de monopolizar la producción de cemento era acatar la Ley. Si así fue, la solución se les ocurrió demasiado tarde con relación a los acontecimientos del mes de abril.
Desde que se apreció la magnitud de los efectos que provocaba la recesión económica del capitalismo, los gobiernos progresistas de Michoacán y Veracruz, partiendo de la consideración de las masas trabajadoras como el factor que impulsaría al país a salir de la crisis, previeron la expropiación de los centros de trabajo en sendas leyes estatales, aplicables cuando los propietarios de las negociaciones privadas operaran con pérdidas o estuvieran en peligro de quiebra.
En tales casos, los centros de trabajo serían entregados a los trabajadores y éstos los manejarían en cooperativas de producción.
Con este antecedente legal, el xxxi Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el decreto número 239 del 25 de abril de 1932, dictó una Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, que consideraba de utilidad pública lo que tienda al beneficio del Estado, de los Municipios, de los habitantes del Estado en general o de los obreros y campesinos del mismo. Y en consecuencia, objeto de expropiación por causa de utilidad pública todas las fuentes de riqueza y de trabajo existentes en el territorio del Estado, tales como factorías, empresas o establecimientos industriales o comerciales...
Una vez promulgada la Ley, los trabajadores de La Cruz Azul se acogieron a sus beneficios y el 9 de mayo solicitaron la expropiación de la fábrica. Los trámites legales se cumplieron en los siguientes 11 días, y el 21 de mayo, Bartolomé Vargas Lugo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, decretó la expropiación de la fábrica de cemento La Cruz Azul y su adjudicación a los trabajadores, en forma cooperativa, por la cantidad de $ 1,312,555.66 que debían cubrir en un enganche y veinte anualidades iguales, que devengarían un interés de 4 por ciento anual, a partir del 1° de junio de 1933.
Este acto del gobierno hidalguense causó un revuelo que prefiguró lo que habría de ocurrir seis años después, a mayor escala, el 18 de marzo de 1938. Todas las organizaciones progresistas se aprestaron a manifestar su adhesión a esta medida del gobierno hidalguense, en contraposición a las críticas y ataques de los partidarios del capitalismo.
Mas los efectos no sólo fueron internos. Como se trataba de una empresa capitalista extranjera la que había perdido La Cruz Azul, empezaron los ataques del exterior hacia el Gobierno Federal, diciendo que en México no había garantías para el capital extranjero, por lo tanto tendrían que retirar sus capitales.
En efecto la fórmula básica del Presidente Ortiz Rubio para superar la crisis económica implicaba hacer del país un lugar atractivo para la inversión de capitales y esta política, a la postre, se habría de imponer; semanas después, el Presidente Ortiz Rubio recibió facultades extraordinarias del Congreso de la Unión para modificar las leyes de los estados vistas las condiciones de la crisis.
El problema político que entrañaban los hechos consumados, resueltos en favor de los trabajadores, se mantuvo en vilo durante varios meses. Los accionistas del consorcio atacaron agresivamente. Sus campañas de prensa apuntaban contra la expropiación misma y contra el Gobernador Vargas Lugo, de quien decían que sería retirado de su puesto. Opusieron un nuevo amparo ante el Juzgado de Distrito de Pachuca y, más tarde, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaban de la supuesta inconstitucionalidad de la expropiación y de la incapacidad comercial de la fábrica.
La virulencia de la campaña resultaba preocupante. Los trabajadores se propusieron demostrar con hechos que la operación de La Cruz Azul era rentable. Este propósito exigió un plan de estricta economía y una disciplina admirable, y consiguieron probar su aseveración, a pesar de la baja del precio que el cemento sufrió, como anticipo de una rebaja mayor que más tarde La Tolteca impuso en el mercado.
Sin embargo, permanecía latente el temor de que la Suprema Corte anulara la revolucionaria legislación hidalguense. Los días corrían. Trascendió que los accionistas del consorcio movían sus influencias con prominentes personalidades de la banca para ejercer presión sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación.
Mientras tanto, la opinión pública leyó declaraciones del presidente Ortiz Rubio y del Presidente del Partido Nacional Revolucionario, Gral. Manuel Pérez Treviño, quienes sólo con variaciones de énfasis apoyaron al gobierno hidalguense y lo que calificaron como laconducta patriótica de Vargas Lugo. Otro apoyo significativo fue el que expresó en favor de la medida revolucionaria y de los intereses de los obreros de La Cruz Azul el Ing. Luis L. León, Diputado al H. Congreso de la Unión y Director‑Gerente de “El Nacional”.
Fue precisamente una representación del H. Congreso de la Unión la que, en previsión del efecto que pudiera causar la campaña de distorsión de los hechos que los accionistas del consorcio patrocinaban en la prensa, se acercó al Presidente de la Suprema Corte para informarlo de los antecedentes del caso de La Cruz Azul y solicitarle un fallo acorde con los postulados de la Revolución y de la justicia.
Se crea la Cooperativa
La siguiente medida de la representación obrera fue solicitar la intervención del Ejecutivo Federal y del entonces jefe máximo de la Revolución, Gral. Plutarco Elías Calles.
La última esperanza de los partidarios del capital se cifraba precisamente en estas instancias de representación institucional y liderazgo político del país, en otras palabras, en el fallo de la Suprema Corte o la opinión que emitiera el general Calles, habida cuenta de los intentos que hacían por halagarlos o presionarlos.
Efectivamente, el asunto lo resolvió la intervención del jefe máximo, quien citó en Cuernavaca, Morelos, a las autoridades estatales de Hidalgo y a los representantes de los trabajadores de La Cruz Azul.
El general Calles consideró que una declaratoria judicial formalista podría nulificar los derechos de los trabajadores. Por otra parte, expuso las implicaciones que en esos momentos tenía el recurso de expropiación y propuso que el litigio se zanjara mediante una operación de compraventa. Esta salida liberaba, además, al Gobierno del estado de la eventual interdicción a que pudiera someterlo un fallo adverso de la Suprema Corte.
Era obvio que los obreros de La Cruz Azul no tenían ni un centavo en efectivo para adquirir los bienes que constituían la empresa, pero la agudeza del general Calles les reveló que en principio disponían del monto económico resultante de los derechos adquiridos por su antigüedad, derechos laborales que les reconocía la Ley, en virtud de la existencia del contrato colectivo de trabajo suscrito en 1926. Efectivamente, esa suma constituyó un capital inicial para negociar la compraventa.
Los términos principales de la negociación también los propuso el general Calles: el Gobierno del Estado fungió como comprador formal, el Gobierno Federal financió la diferencia del pago inicial y otorgó el aval para que se efectuara la operación, y los obreros mantuvieron la administración de la fábrica en forma cooperativa.
Los trabajadores se comprometieron a cubrir en 10 años el importe de la fábrica, que de acuerdo con el inventario fue de $1'193,232.00, más el 10 por ciento de interés, lo que arrojó un total de $ 1'312,555.20.
El camino para llegar a esta resolución todavía presentó algunas Trampas y añagazas de carácter político unas y de tipo legalista otras.
La Sociedad Cooperativa de Productores se formalizó a los dos meses y 27 días después que se responsabilizaron de la fábrica en una asamblea general efectuada en Jasso, Hidalgo, el 29 de enero de 1934. Los 192 socios fundadores constituyeron la sociedad denominada “Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul”, S.C.L. En esa ocasión se practicó la liquidación de los trabajos que habían desempeñado desde el 30 de noviembre de 1931, se fijó el valor de los certificados de aportación en 50 pesos cada uno y se adjudicaron a cada socio 59 certificados. Hasta esa fecha se le habían abonado al Gobierno del Estado, en pago del precio de la fábrica y de los respectivos intereses, $ 210,013.24.
Tres semanas después, el 20 de febrero de 1934, la Cooperativa se registró en la Secretaría de la Economía Nacional, bajo el número 205 del libro respectivo. La clasificación que recibió fue de Cooperativa de Productores.
Poco a poco, los cooperativistas fueron sobreponiéndose a sus deudas económicas de préstamos, pagos pendientes a sindicatos, comerciantes y a sí mismos, en su calidad de trabajadores. Después de tres meses de no recibir retribución alguna, comenzaron a pagarse un día, después, dos, tres días a la semana, hasta que consiguieron pagársela completa, de acuerdo con los sueldos fijados desde que la fábrica era de la compañía, sueldos demasiado raquíticos.
Mientras tanto también lucharon contra la serie de agresiones de su fuerte competidora, que recurrió al método de abatir artificialmente el precio del cemento, que solicitó a Ferrocarriles Nacionales que no les facilitara el transporte a los obreros cooperativistas, que enviaba gente a entorpecer el tránsito de los camiones que transportaban cemento, provocando a los choferes y quien, entre otras iniquidades, publicó en los principales periódicos un aviso dirigido a los constructores para que se abstuvieran de comprar cemento Cruz Azul, porque además de tratarse de cemento robado, no presentaba ninguna garantía de calidad, puesto que no había responsables técnicos en la planta.
Ya sé a lo que vienen, dijo el ingeniero Gilberto Montiel Estrada, cuando recibió en su despacho de Isabel la Católica, en México, la visita de sus ex compañeros, los cooperativistas de La Cruz Azul. No se preocupen, dijo y dejando el periódico en que releyó el aviso, dictó a su secretaria una declaración:
Yo, Gilberto Montiel... y tras hacer referencia a sus créditos académicos y títulos profesionales, expedidos en el extranjero y revalidados en México, hizo constar que el cemento que a la sazón se elaboraba en La Cruz Azul, reunía todos los requisitos y cumplía las normas que establecía la Ley, siendo yo el responsable de la calidad de dicho producto. “Tengan, dijo, publíquenlo.”
El 27 de marzo de 1937, tras el cumplimiento adelantado de varios pagos, se efectuó el traspaso formal de la fábrica, en propiedad nominal del Gobierno del Estado, a la Cooperativa. En esta época se había generalizado ya el uso del cemento en presas, caminos, carreteras, puentes y edificios públicos y privados.
En la asamblea general del sábado 27 de abril de 1940 se aprobó el proyecto de construcción de una fábrica de cemento en la región del Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca.
En lugar de diez, el adeudo por la compraventa de la fábrica, se pagó en nueve años. En 1941, cuando se celebró el décimo aniversario, este logro constituyó uno de los mayores motivos de satisfacción.
Los trabajos iniciales para la construcción de la planta de Lagunas, Oaxaca, se iniciaron el 19 de marzo de 1942. Hubo necesidad de hacer todo porque en Lagunas existen grandes yacimientos de materia prima, pero era tierra virgen. No había más que una estación de bandera.
Con equipos usados se instaló una fábrica para producir 100 toneladas de cemento diarias. El desafío que este proyecto representó para los trabajadores fue bastante fuerte porque se tenían que desplazar hasta el Istmo, por una zona tropical palúdica donde llueve mucho. El clima era totalmente distinto al del Estado de Hidalgo.
En 1941 era difícil impulsar el desarrollo de la fábrica de Lagunas porque el medio usual de comunicación, que era el ferrocarril, tardaba hasta tres días para llegar allá. Ahora, Lagunas es una pequeña ciudad cooperativa muy importante.
Los primeros pasos de los trabajadores de La Cruz Azul, revelan que el objetivo que los mantuvo unidos fue no perder su fuente de trabajo. Sabían que no mantenerse unidos significaría acabar con todo, acabar con el pueblo, ir a otros lugares de la República para obtener medios de vida.
Los cooperativistas, en realidad, no sabían qué era el cooperativismo; doctrina, administración cooperativa. Por lo tanto, en el aspecto operativo, los primeros pasos fueron difíciles porque no tenían los principios eficientes de organización. Como es lógico, tuvieron tropiezos. Tenían en sus manos los factores de la producción, tierra, trabajo y capital; pero hubo algunos problemas en la organización.
Las máquinas eran cada día más viejas y se deterioraban más. Desde el punto de vista industrial, en lugar de ir creciendo, iban decreciendo, y la gente veía la diferencia con todas las demás empresas. La Cruz Azul se estaba quedando rezagada en relación con el desarrollo socioeconómico del país y el de la industria del cemento. Mientras la competencia crecía, la fábrica permanecía igual.
Con más de veinte años de difusión de la doctrina y de las posibilidades del cooperativismo, y con resultados concretos tan desiguales en la práctica, los trabajadores observaron que la gerencia había descuidado bastante la Cooperativa.
En 1953, por ejemplo, las casas en que vivían los cooperativistas carecían de todas las comodidades; casas que tenían alrededor de 30 ó 40 años, con techos de teja, no satisfacían las necesidades de una sociedad pujante, como era en esos momentos La Cruz Azul. En el ánimo de todos se desarrolló la convicción de que era necesario el cambio.
El 10 de diciembre de 1953 se efectuó una asamblea general. En el ánimo de la gran mayoría de los cooperativistas había una inquietud que se convirtió en ineludible punto del orden del día: el cambio de gerente. Estaba claro que Arcadio Hernández veía por sus intereses personales, mas no por los intereses generales de los cooperativistas. Como resultado de esta decisión principal hubo todo un cambio en la organización de La Cruz Azul, y asumió 1a dirección un cooperativista responsable, lleno de deseos de progresar y llevar adelante la Cooperativa, quien estuvo al frente, primero, como Presidente del Consejo de Administración, y después, como Gerente General, hasta el año de 1976, en que falleció: Guillermo Álvarez Macías.
Copyright © 2005 - 2009 PROFMEX. All rights reserved |
